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Pequeña de 13 años quedó embarazada tras abuso sexual y su abusador quedó libre

 


La menor interrumpió un embarazo, producto de los abusos sexuales por parte de un vecino, con ayuda de una profesora y activista, que estuvo detenida por auxiliar a la niña de 13 años. El caso abre el debate de la despenalización del aborto en Venezuela. Una niña de 13 años que era abusada sexualmente por un vecino interrumpió, de manera voluntaria, un embarazo de 12 semanas.

El caso ha despertado indignación en buena parte de la opinión pública que rechaza la detención de Vanesa Rosales, la profesora y activista que facilitó el abortivo y que estuvo tres meses tras las rejas, si bien ahora se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio que podría acabar condenándola a 12 años de cárcel.

 
El tema es tan controvertido, que todavía son pocos los que se atreven a manifestarse abiertamente, sin escudarse tras el muro de las redes sociales, donde las reacciones más extremas no se hicieron esperar.

La niña, cuya identidad permanece oculta, fue víctima de violación en reiteradas ocasiones por parte de un hombre de 52 años que vivía en la misma favela, ubicada en el estado andino de Mérida (oeste). La menor quedó embarazada y no fue hasta los tres meses de gestación que consiguió una pastilla para interrumpir la gravidez. 

Allí entra en escena Rosales, una educadora a la que la niña y su madre conocían desde hace años, el tiempo que lleva dedicada al trabajo social en comunidades pobres de esa región. La docente, por solicitud de la madre de la víctima, les entregó el abortivo y este fue ingerido, a principios de octubre, por la niña, que sufrió un sangrado propio del caso, por lo que terminó en un hospital público, en el que le practicaron un legrado. 

La madre de la niña, que entonces había acudido a una sede policial a denunciar la violación, terminó detenida y acusada de asistir un aborto, aunque fue excarcelada 22 días después. Aún hospitalizada, la niña fue obligada a declarar. 

Contó que su profesora le había provisto el medicamento, un testimonio que sirvió para encarcelar a la activista durante 90 días pero no para mantener tras las rejas al agresor, quien fue detenido y puesto en libertad en menos de 48 horas, pues no se pudo demostrar la flagrancia del delito.