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Internos aseguran sentirse "secuestrados" por la lentitud de audiencias en Pitalito


A través de una comunicación dirigida a la Defensoría del Pueblo Regional, los privados de la libertad en Pitalito hacen un llamado a los órganos de control, para que revisen las situaciones que se vienen presentando con las audiencias represadas por parte de los señores jueces y fiscales para definir su situación judicial. Aunque el argumento es que solo atienden dos días a la semana por la situación del COVID-19, aseguran no estar de acuerdo por cuanto la ley 65 de 1993 establece que deben resolver las solicitudes de libertad condicional en un término de 15 días.

 
El reclamo que les hacen a los jueces de ejecución y penas de los municipios de Pitalito, Garzón, La Plata, Neiva y Timaná es que retomen sus actividades de tiempo completo, debido a que están pendientes audiencias y libertades. En la comunicación dirigida a la Defensoría del Pueblo, se manifiesta que muchos de estos funcionarios son incluso de la tercera edad y pensionados, es decir que ya cumplieron su tiempo, lo que sin duda generaría serias dificultades para definir procesos. “Como adultos mayores han perdido la memoria, la vista y la audición”, dice apartes del escrito, al agregar que, “en esas circunstancias como internos qué se puede esperar de esos funcionarios. Como si estuviéramos secuestrados”, añaden. 

 
Consideran que desde que comenzó la pandemia como privados de la libertad se han visto seriamente afectados por las injustificadas demoras teniendo en cuenta que ahora los señores jueces y fiscales trabajan desde sus casas y no necesitan ni siquiera ir al palacio de justicia. “Deben tener en cuenta que las libertades condicionales se deben resolver en 15 días como lo establece la norma y no en tres meses como viene ocurriendo”, agregan. Sumando a ello dicen que es deber que los centros penitenciarios y carcelarios deben contar con un juez de ejecución de penas y medidas de manera permanente para que resuelva las inquietudes de los internos.

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