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Cadena perpetua para violadores y asesinos de menores, aprobada en el Congreso



Con 77 votos a favor y 0 en contra, Senado dio luz verde a la iniciativa en último debate. El presidente Duque celebró la histórica decisión.






“El Congreso ha sacado adelante esa gran reforma que esperan tantas familias, que esperábamos nosotros”, aseguró el mandatario.

Además, añadió: “El país se une en una sola voz y es que a todo aquel que pretenda agredir, quitarle la naturaleza, la espontaneidad, la alegría a un niño violentándolo, agrediéndolo, violándolo y lo que es aún peor, aquellos que han llegado a esa condición ruin de asesinar a un niño, Colombia va a tener la cadena perpetua para que esos delitos tengan una sanción ejemplarizante”.

María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático, afirmó que “con su aprobación honramos la memoria de Gilma Jiménez, férrea defensora de esta iniciativa, así como de los cientos de víctimas de este delito”.

En la norma, que pasará a revisión constitucional, se establece que los condenados tendrán todas las garantías jurídicas: recursos de apelación, revisión, casación, etc.


El camino a la aprobación


Esta iniciativa estuvo rodeada de controversia desde que se radicó en el Congreso de la República y particularmente en las últimas semanas.

Quienes la respaldaron aseguran que esta medida busca bajar los índices de violencia contra menores de edad en Colombia.

“La aprobación de la ley de cadena perpetua es una señal de que la sociedad entera se pone en pie y dice que no tolera el abuso de los derechos de los niños en nuestro país”, había señalado Diego Molano, director administrativo de la Presidencia.

Johana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, quien lideró la campaña para que se aprobara la cadena perpetua hasta que falleció en 2013, afirmó que “la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños es lo único que nos va a garantizar que estos asquerosos hampones no le sigan haciendo tanto daño a los niños”.

Sin embargo, la iniciativa también tuvo sus férreos opositores. Algunos señalaron que el problema no es de pena, sino de impunidad.

Asimismo, varios exfiscales, exministros y juristas sostuvieron que esta no ayudará a acabar con los delitos sexuales contra los niños porque, entre otras cosas, el 83 % de estos casos ocurren en el entorno familiar, lo que no garantiza la denuncia.

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